Suprema Corte de México suspende ley que busca reducir sueldos de altos funcionarios


La suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones, que fue aprobada a inicios de noviembre por la bancada legislativa de López Obrador, responde a una acción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición y el ombudsman, Comisión Nacional de Derechos Humanos.

Sostienen que la ley pone en riesgo la vigencia de diversos derechos fundamentales de los servidores públicos como el de recibir “un salario digno”, así como el derecho de los ciudadanos de contar con un servicio público “profesional y eficaz”.

“De no concederse la medida solicitada se afectarían irreparablemente los derechos fundamentales que se aducen como vulnerados, ocasionando con ello daños irreversibles para los servidores públicos y la sociedad”, indicó la Suprema Corte en la parte argumentativa de su resolución.

Con esta decisión, queda suspendida también la aplicación de las nuevas remuneraciones establecidas para los servidores públicos el próximo año incluidas en el presupuesto público del 2019, que el Ejecutivo prevé entregar al Congreso el 15 de diciembre para su aprobación.

Según la resolución de la Corte, la nueva ley de remuneraciones no se utilizará “en tanto se resuelva el fondo de la controversia”.

La cuestionada ley propone, entre otros puntos, que ningún servidor público tenga un sueldo mayor al del presidente de la república e incluye en este grupo a todos los trabajadores de los poderes Legislativo y Judicial, además de organismos autónomos y empresas paraestatales, algo que no se precisaba en la legislación anterior.

En México, funcionarios de alto rango como los jueces de la Suprema Corte perciben un salario de unos 269,000 pesos mensuales ($13,233), mientras que un ejecutivo de la petrolera estatal Pemex supera los 220,000 pesos ($10,800). A este monto se suman diversas y cuantiosas prestaciones, que pueden más que duplicar el ingreso mensual.

De cara a la aplicación de la nueva ley, López Obrador ha anunciado que recortará su sueldo a 108,000 pesos mensuales, menos de la mitad de los 259,600 pesos que percibió su antecesor Enrique Peña Nieto durante el 2018, según datos públicos.

“Yo creo que hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600,000 pesos mensuales. Eso es corrupción de un país con tanta pobreza”, dijo López Obrador en una conferencia de prensa el martes pasado.

El izquierdista, de 65 años, llegó al poder prometiendo una “transformación” del país mediante el combate frontal a la corrupción y una férrea política de austeridad.



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