“Queremos que tenga por fin un juicio justo”


El hispano-estadounidense Pablo Ibar en el juicio abierto en Florida.
GIORGIO VIERA / EFE

La Fiscalía y la Defensa hicieron este lunes sus primeros alegatos en el nuevo juicio abierto en Florida al hispano-estadounidense Pablo Ibar por un triple asesinato cometido en 1994, mientras una delegación parlamentaria española pidió para el acusado un proceso “justo”.

La fase oral del juicio iniciado el 1 de octubre bajo la presidencia del juez Dennis Bailey comenzó este lunes con una intervención de William Sinclair por parte de la Fiscalía a la que siguió la de Kevin Kulik por parte de la defensa de Ibar y luego la declaración de los primeros testigos. El primero en declarar fue el ex policía Fernando Navarro, quien en 1994 trabajaba en la oficina del alguacil del condado de Palm Beach, la zona del sur de Florida donde se halló quemado el automóvil Mercedes de una de las víctimas del triple asesinato en el que supuestamente huyeron los asesinos.

La celebración de este nuevo juicio fue ordenada por la Corte Suprema de Florida cuando en 2016 anuló la condena a muerte que pesaba sobre Ibar desde el año 2000 por las muertes de Casimir Sucharski, Sharon Anderson y Marie Rogers perpetradas por ladrones que entraron a robar en la casa del primero en Miramar (sur de Florida) en junio de 1994.

Esperan que esta vez “la verdad se imponga”

La Fiscalía comenzó sus alegatos con una descripción de lo que ocurrió la noche de autos en casa de Sucharsky, propietario de un popular club nocturno, y la afirmación de que no hay duda de que Ibar es la persona que aparece en la grabación hecha por una cámara de seguridad tapándose la cara con una camiseta.

La defensa dijo, por su parte, que la Policía manipuló a testigos para que identificaran a Ibar, porque el caso estaba muy publicitado en los medios y tenían mucha presión porque habían pasado 16 días y estaba sin resolver. Ibar, nacido hace 46 años en Fort Lauderdale, lleva preso 24 años y ha afrontado ya otros tres juicios, de los cuales el primero terminó sin veredicto de culpabilidad y los dos siguientes fueron anulados, el último de ellos con condena de muerte incluida, la misma pena que la Fiscalía se propone pedir ahora.

Queremos que tenga por fin un juicio justo“, dijeron a los integrantes de una delegación parlamentaria española que viajó a Florida para respaldar a este hispano-estadounidense que, al igual que sus familiares, confía en que esta vez “la verdad se imponga”, según afirmó el pasado septiembre su abogado Joe Nascimento.

Un juicio largo

La Corte Suprema, cuando anuló la condena a muerte, argumentó que lo hacía, después de que la defensa de Ibar recurriese, porque las pruebas contra él eran escasas y débiles. Eso, al menos en teoría, debería significar que para que sea condenado de nuevo por los tres asesinatos de 1994 se necesitarán pruebas más contundentes que las presentadas en el juicio del año 2000, que al alto tribunal le parecieron insuficientes.

En cualquier caso, la decisión de determinar si es o no culpable le corresponde al jurado, cuyos integrantes prestaron juramento antes de que se iniciara la audiencia en una sala abarrotada de público en los tribunales de Fort Lauderdale. El juez Bailey les dijo a los 12 jurados y seis suplentes que el juicio va a ser largo -la defensa estima que concluirá a mediados o fines de enero- y va a tener muchos testigos.

El padre de Ibar, Cándido Ibar, un ex “pelotari” (jugador de pelota vasca), hermano del fallecido boxeador José Manuel Ibar, señaló a Efe que la “pelea va a ser dura” y agradeció a los senadores y diputados españoles su apoyo. Según señalaron a Efe los parlamentarios en un receso de la audiencia viajaron a Fort Lauderdale para apoyar tanto que Ibar tenga un “juicio justo” como para manifestar su oposición a la pena de muerte.

La senadora popular Rosa Vindel dijo que la exposición que hizo el abogado defensor Kevin Kulik fue “deslumbrante”, pero por el contrario consideró que lo que planteó el fiscal William Sinclair es “incomprensible”, porque volvió a “insistir” en las mismas pruebas que la Corte Suprema floridana encontró insuficientes.



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