Ortega acusa a oposición de intentar destruir Nicaragua para tomar el poder


El presidente nicaragüense, Daniel Ortega, acusó el miércoles a la oposición de intentar destruir la economía de Nicaragua con las protestas contra su Gobierno, que comenzaron el 18 de abril pasado y que han causado centenares de muertos, con el fin de tomar el poder.

“Quieren ver destruida a Nicaragua porque creen que de esa manera van a conseguir el poder”, denunció el mandatario en un discurso ante miles de sandinistas con ocasión del 40 aniversario del asalto al Palacio Nacional que acabó con la dictadura de los Somoza.

Según Ortega, desde que retornó al poder en enero de 2007, tras gobernar de 1985 a 1990 y coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1985, sus detractores promovieron una “ola tenebrosa de destrucción” desde abril pasado y ahora están pidiendo a Estados Unidos que aplique sanciones económicas contra Nicaragua.

El mandatario tildó de “vende patrias, traidores, peleles, Judas” y “sembradores de destrucción” a los que han pedido esas sanciones.

Asimismo, responsabilizó a los “malvados”, en alusión a los opositores, por el recorte presupuestario de 186,3 millones de dólares, un 1,3 por ciento de su PIB, que tuvo que hacer su Gobierno por la caída en la recaudación de impuestos y menor captación de los recursos externos.

El mandatario hizo un llamado a sus seguidores a “recuperar la paz” para retomar la productividad, pero también a estar unidos y vigilantes.

En el mismo acto, Edén Pastora, el legendario “Comandante Cero”, responsabilizó de la crisis que atraviesa Nicaragua a tres obispos nicaragüenses, a los disidentes sandinistas y al sector empresarial privado.

“Son responsables los tres obispos que encabezaron esta intentona de golpe, son responsables los del MRS (Movimiento Renovador Sandinista) y son responsables los de la empresa privada”, señaló Pastora, también delegado nicaragüense para dirigir un dragado en el fronterizo río San Juan.

Pastora no mencionó a los tres obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

La Conferencia Episcopal actúa como mediadora en el diálogo nacional -que permanece suspendido desde junio pasado- para superar la crisis entre el Gobierno de Ortega y la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia.

El presidente Ortega ha calificado a los obispos de “golpistas” y cómplices de las fuerzas internas y de los grupos internacionales que, a su juicio, actúan en Nicaragua para derrocarlo.

El 7 de junio, la Conferencia Episcopal propuso a Ortega que adelantara a marzo de 2019 las elecciones fijadas para 2021 y que renunciara a presentarse a la reelección, pero el presidente lo rechazó y opinó que la propuesta mostraba que los obispos estaban “comprometidos con los golpistas”, según dijo el 19 de julio.

Durante su discurso, el “Comandante Cero” contó que la vieja militancia sandinista esperó la señal de Ortega para actuar contra los “golpistas terroristas”, como el Gobierno se refiere a sus detractores.

Aseguró que 55 días después de iniciada la crisis, el mandatario les dio la “seña” cuando les dijo “que (sus detractores) eran asesinos y allí empezó” lo que la oposición denominó “Operación Limpieza”.

Esta consistió en derribar los bloqueos de las vías con palas mecánicas, camiones y trabajadores del Estado, bajo el resguardo de policías y civiles encapuchados armados, que se movilizaban a bordo de camionetas todo terreno y fuertemente armados.

Durante la jornada de hoy, la Policía Nacional presentó a un nicaragüense como sospechoso de encabezar los bloqueos en las vías en el departamento de Jinotega (norte) en perjuicio del Estado.

Mientras, familiares del dirigente opositor, Christian Fajardo, quien se encuentra detenido, denunciaron el arresto de su hermano, junto con su esposa y su hija de 9 años.

Santiago Fajardo, su esposa Roberta Montenegro y su familia, fueron capturados en la ciudad de Rivas, cuando se dirigía con su familia hacia la isla de Ometepe, en el Gran Lago de Nicaragua, según la denuncia.

El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) denunció también la existencia de al menos 320 “reos políticos” en Nicaragua.

Por su lado, la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH) denunció que un menor, de 14 años, fue capturado por la Policía para marcarle la iniciales “FSLN”, que corresponden al oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional.

“Este es un acto inhumano de tortura contra un niño, estamos ante un hecho condenable”, afirmó el secretario ejecuto de la CPDH, Marcos Carmona.

Con una cantidad, según diversos organismos internacionales, entre 317 y 448 muertos, 2,800 heridos y más de 400 desaparecidos, la crisis sociopolítica que atraviesa Nicaragua es la peor desde la década de los años de 1980, también con Ortega en la Presidencia.

Las protestas contra Ortega comenzaron el 18 de abril pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.




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