Los republicanos del Senado de EE UU se preparan para una confirmación ‘exprés’ de la nueva juez del Supremo | Elecciones USA


La candidata al Supremo de Estados Unidos, la juez Amy Coney Barrett.
La candidata al Supremo de Estados Unidos, la juez Amy Coney Barrett.POOL / Reuters

En la recta final de una campaña llena de sobresaltos, el Senado de Estados Unidos se prepara para echar más gasolina sobre el debate político con la confirmación exprés de la candidata de Donald Trump a cubrir la vacante abierta en el Tribunal Supremo, la ultraconservadora Amy Coney Barrett. Entre protestas de los demócratas, la Cámara alta abrirá este lunes las sesiones para la ratificación de la magistrada a tan solo 22 días de las elecciones a la presidencia del país. Barrett, cuyo discurso de presentación ante el Comité Judicial fue adelantado este domingo por medios locales, abogará por la independencia del tribunal.

Salvo sorpresas, la elección urgente para cubrir la plaza de la progresista Ruth Bader Ginsburg, fallecida a mediados de septiembre, acabará con una nueva foto de familia con Barrett, de 48 años, entre los jueces de la más alta instancia judicial del país.

Todo está perfectamente coreografiado para que los republicanos logren sentar en el tribunal a la magistrada, que inclinará la balanza del lado de los conservadores, antes de las elecciones del 3 de noviembre. Una confirmación para un cargo vitalicio a una velocidad sin precedentes, en menos de 22 días.

La confirmación del juez Neil Gorsuch tardó 66 días; la de Brett Kavanaugh 89. Ambos jueces fueron elegidos por Donald Trump. Su predecesor, Barack Obama, nombró a las magistradas Sonia Sotomayor y Elena Kagan. El comité judicial del Senado tardó en confirmarlas para el cargo 72 y 87 días, respectivamente. George Bush hijo —quien debió su primera victoria electoral al Tribunal Supremo al no poder decidirse el resultado frente a Al Gore en las urnas—, tuvo tiempo y oportunidad para nombrar al actual presidente de la máxima Corte, el juez John Roberts y a Samuel Alito, cuyas confirmaciones también exigieron decenas de sesiones, al igual que en el caso de Ginsburg y Stephen Breyer, nombrados por Bill Clinton. Y solo pasó del centenar de días la de Clarence Thomas, nominado por Bush padre.

Los demócratas acusan a los republicanos de doble rasero e hipocresía por forzar una confirmación que ellos mismos dijeron que era imposible de realizar en época electoral. A Barack Obama se le presentó la oportunidad de nombrar a su tercer miembro para el Supremo cuando en febrero de 2016 moría a los 79 años el icono conservador Antonin Scalia. Faltaban nueve meses para las elecciones presidenciales. Pero incluso antes de que Obama tuviera tiempo de poner sobre la mesa el nombre del juez Merrick Garland, el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, rechazó un nombramiento antes de los comicios. McConnell, que ahora ha orquestado una confirmación en tiempo récord, declaró entonces que el nuevo juez para el Supremo debía ser elegido por el próximo presidente. Resultó ser Trump.

El líder de la mayoría republicana en el Senado ha sido inflexible y ha insistido en que las audiencias se abran hoy a pesar de que haya tres senadores republicanos diagnosticados con coronavirus, dos de los cuales, además, son miembros del Comité Judicial que decidirá la suerte de Barrett. Esos dos senadores enfermos, Mike Lee (Utah) y Thom Tillis (Carolina del Norte), acudieron al acto de presentación de la juez Barrett en la Casa Blanca el 26 de septiembre, después del cual varios asistentes dieron positivo de covid-19. Las audiencias durarán en principio cuatro días y debido al coronavirus se permitirá a los senadores que lo deseen participar de forma virtual. Será el caso de Lee y Tillis, confinados por el contagio.

Los republicanos saben que cuentan con el número de votos necesarios para que Barrett se convierta en la quinta mujer en sentarse en el Supremo. Los republicanos tienen una mayoría de 53 senadores frente a 47 (45 demócratas y dos independientes) en la Cámara alta —solo es necesaria una mayoría simple de 51 votos—. Las audiencias de confirmación estarán encabezadas por el presidente del Comité Judicial del Senado, Lindsey Graham, quien se ha negado a una prueba de coronavirus.

Cuando las audiencias en el Comité Judicial concluyan el jueves, los republicanos tienen prevista la fecha del 22 de octubre para la votación que permita pasar el nombramiento de la juez Barrett al Senado. Si todo sale como está previsto por McConnell, Barrett recibiría la bendición de la mayoría republicana hacia finales de octubre, con lo que los republicanos se asegurarían una Corte escorada hacia los conservadores que puede verse en la situación de tener que decidir sobre el resultado electoral. El presidente Trump no deja de cuestionar la validez del voto por correo y rechaza comprometerse con un traspaso de poder pacífico en caso de perder ante el demócrata Joe Biden.

En cuatro días, los republicanos se preparan para presentar el retrato más favorable posible de una juez fiel a la filosofía conservadora del derecho que encarnaba su maestro, Antonin Scalia. Presentarán una imagen de una mujer de reputación impecable, trabajadora incansable a la vez que esposa y madre de familia de siete hijos (dos adoptados en Haití, y uno con síndrome de Down). Barrett, según el adelanto de su discurso en el Comité Judicial divulgado este domingo por medios estadounidenses, incidirá en la independencia del tribunal. “Creo que los estadounidenses de todos los orígenes merecen un Tribunal Supremo independiente que interprete nuestra Constitución y leyes tal como están escritas”, afirma. A juicio de Barrett, “las decisiones de política y los juicios de valor del Gobierno deben ser hechos por los poderes elegidos por el Pueblo y responsables ante él”.

Los demócratas insistirán en que su devoción religiosa (es católica) es susceptible de afectar a su objetividad a la hora de sentenciar. También ven en peligro el futuro del derecho al aborto, consagrado en la Constitución, ante la posición de la juez claramente contraria a la interrupción del embarazo. Además, está en juego la ley sanitaria de la era de Obama, así como asuntos relacionados con la inmigración.

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