Justicia en caso de asesinatos de líderes sociales: Hemos esclarecido el 47 % de los 194 homicidios a líderes sociales: fiscal | Judicial


Al término de la primera reunión de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad que encabeza el presidente Iván Duque, el fiscal general, Nestor Humberto Martínez, entregó un balance sobre los avances en las investigaciones de los asesinatos a líderes sociales en Colombia en los último años.

Afirmó que de los 194 homicidios que reportaron las Naciones Unidas en los últimos años, se determinó autoría con, “índices de esclarecimiento del orden el 47 %”.

Así mismo destacó que se generaron órdenes de captura contra autores de 3 homicidios de los más representativos en los últimos meses.

Se trata de los presuntos asesinos de Julio Cesar Sucerquia, asesinado hace dos meses en Ituanguo, al igual que el caso de Luis Barros de Palmar de Varela y el caso de José Gustavo Pérez de El Tambo, Cauca.

Espera llevar a los responsables ante los jueces para que se tomen casos ejemplarizantes.

Por su parte, el presidente Duque afirmó que se preparará una nueva política pública para brindar mayor capacidad de reacción y mejorar los mecanismos de protección para los líderes sociales en Colombia.

Aseguró que se inició este trabajo, “para que en las próximas semanas tengamos un marco de política pública de reacción de todos los involucrados; teniendo información unificada, teniendo claridad sobre la secuencia de la reacción de cada una de las instituciones”.

“Garantizando activamente que todos los involucrados vamos a trabajar por la prevención de estos fenómenos. Y también por la investigación y sanción ejemplarizante de quienes han participado en estas conductas que todos los colombianos consideramos hechos deleznables”, consideró.

Por su parte, el procurador, Fernando Carrillo destacó el encuentro de la ‘Mesa por la Vida’ que se desarrollará este jueves en Apartadó, Antioquia con la presencia del jefe de Estado.

Indicó la importancia de acabar con la estigmatización a los defensores de Derechos Humanos en el país, así como la importancia de movilizar al Estado, “con toda su fortaleza institucional”, para crear nuevas políticas que permitan “inmovilizar a quienes son los asesinos y victimarios de los líderes sociales en Colombia”.




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