Guaidó advierte que adelantar elecciones sin condiciones será un “desastre”


La jerarquía chavista dio el lunes otro paso en su estrategia para aniquilar la Asamblea Nacional de Venezuela con el nombramiento en la Asamblea Constituyente, controlada por el oficialismo, de una comisión que decidirá cuándo deben celebrarse las próximas elecciones parlamentarias, previstas para el 6 de diciembre del año proximo.

La Asamblea Nacional, de mayoría opositora, es el único poder en activo que ha sido elegido democráticamente en Venezuela. Debe permanecer en funciones cinco años, hasta el 5 de enero de 2021, a menos que un adelanto forzoso de los comicios parlamentarios le abra el camino al oficialismo para despojarla de sus poderes constitucionales con unas elecciones fraudulentas.

Diosdado Cabello, número dos del régimen de Nicolás Maduro, muestra el lunes en la Asamblea Constituyente una declaración oficial que se opone a los pronunciamientos del presidente de EEUU Donald Trump (Foto: AFP).

“Si de esa consulta resulta que es el primero de enero, el primero de enero estaremos haciendo elecciones de la Asamblea Nacional”, declaró Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente. “Si de la consulta surge que es este año, se hará cuando diga esta consulta”, agregó.

La “consulta” depende de lo que decida la comisión, encabezada por él e integrada además por dos delegados designados Francisco Ameliach y María Alejandra Díaz, partidarios del régimen de Nicolás Maduro.

En otra medida anunciada también el lunes, el oficialista Tribunal Supremo de Justicia despojó de su inmunidad parlamentaria a los diputados José Guerra, Tomás Guanipa –ambos exiliados– y Juan Pablo García, a quienes acusa de “traición a la patria, instigación a la insurrección, rebelión civil, concierto para delinquir, usurpación de funciones e instigación pública a la desobediencia de las leyes y el odio”.

Sobre otro diputado de la Asamblea Nacional, Rafael Guzmán, pesaban ya desde mayo cargos similares. Más de dos decenas de parlamentarios han tenido que ausentarse de sus puestos desde el año pasado por amenazas y persecución del régimen de Maduro. Dos permanecen detenidos, y otros salieron de Venezuela o se han refugiado en embajadas.

“Ninguna de estas decisiones inconstitucionales tiene validez ni reconocimiento alguno: nadie reconoce al falso TSJ ni a la fraudulenta Constituyente; solo les queda la represión”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. “Obstruyen cualquier solución pacífica con tal de defender sus negocios e intereses personales”.

Guaidó adelantó que la Asamblea Nacional tomará nuevas medidas este martes para rechazar la ofensiva de la Constituyente. El domingo, el también líder parlamentario reveló que dentro del mismo gobierno de Maduro hay sectores en desacuerdo con las posibles acciones contra el Parlamento, y agregó que si el oficialismo da ese paso “resultará una fase de conflictividad superior”.

De acuerdo con el diputado Juan Pablo García, el hecho de que Maduro encabece un régimen criminal y fallido deja como única opción viable la aplicación por parte de la Asamblea Nacional del inciso 11 del Artículo 187 de la Constitución venezolana, que autoriza “el empleo de misiones militares venezolanas en el exterior o extranjeras en el país”.

La líder opositora Maria Corina Machado, que dirige el grupo Vente Venezuela, también ha dejado claro que “hay una sola ruta, que es la que defiende Juan Pablo García, y es la del coraje y la fuerza”.

Según Machado, el temor de los chavistas no es a la intervención, “es a la justicia”.

Con informacion de la agencia Reuters y redes sociales



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