Florida insta al Congreso federal a que apruebe reforma migratoria


Una coalición de más de 70 líderes empresariales, políticos y académicos firmaron un documento exigiendo que los representantes de Florida en el Congreso de Estados Unidos aprueben una reforma migratoria bipartidista.

El Acuerdo de Inmigración de la Florida, el cual se hizo público este jueves en una conferencia de prensa en el West Campus de Miami Dade College, detalla seis principios que los firmantes esperan que los legisladores usen como pautas. Los firmantes incluyen al presidente de Miami Dade College, Eduardo Padrón; al multimillonario y magnate de la industria de salud, Mike B. Fernández y al alcalde de Orlando, Buddy Dyer.

Este es el segundo acuerdo de su tipo. El primero surgió en 2011.

Los que lo apoyan piden a los legisladores en Washington que vean la reforma migratoria como una responsabilidad federal.

La senadora estatal Anitere Flores (R-Miami) dijo que mientras los representantes federales no aborden el tema, los funcionarios estatales seguirán viéndose obligados a tomar los asuntos migratorios con sus propias manos. El polémico proyecto de ley del senador Joe Gruters para prohibir las ciudades santuario es un ejemplo de eso, dijo.

“Una vez que el Congreso haga su trabajo, no habrá necesidad de ningún tipo de esta legislación a nivel estatal”, dijo Flores. “Es hora de que Washington actúe”.

Los partidarios del acuerdo quieren leyes que fortalezcan la economía y la fuerza laboral, aseguren que las autoridades se centren en la seguridad pública y determinen con precisión quién tiene permiso para trabajar. También alientan a las comunidades a ser competitivas para atraer y retener el talento.

Julio Fuentes, presidente y CEO de la Cámara de Comercio Hispana de Florida, dijo que los inmigrantes abren negocios regularmente, invierten en sus comunidades y llenan los vacíos laborales en todo tipo de industrias, desde la tecnología hasta los servicios.

Los inmigrantes en la Florida pagaron $7.8 mil millones en impuestos estatales y locales y tuvieron $91.9 mil millones en poder adquisitivo en 2017, según datos de New American Economy, que creó el acuerdo junto al American Business Immigration Coalition y el Immigration Partnership and Coalition Fund.

Fuentes dijo que lo que más le molesta es cómo este país capacita a estudiantes inmigrantes en universidades y luego simplemente los envía de regreso a sus países de origen, perdiendo esa inversión.

Mark Trowbridge, presidente de la Cámara de Comercio de Coral Gables, estuvo de acuerdo.

“Se enamoran de este país al igual que todos nosotros y luego cerramos la puerta detrás de ellos. Es desafortunado”, dijo Trowbridge.

La reforma de inmigración debe, según el acuerdo, dar prioridad a mantener unidas a las familias para garantizar entornos de apoyo para los niños en el hogar. La administración Trump comenzó a separar a las familias en la frontera de EEUU y México en 2018 como un esfuerzo para disuadir a la inmigración ilegal.

El acuerdo también le pide a los políticos que permitan que los inmigrantes que no tienen un estatus migratorio legal y que “son de buen carácter” se conviertan en “miembros completamente participantes” de la sociedad, particularmente los Florida Dreamers y los beneficiarios de estatus de protección temporal (TPS).

Los dreamers o soñadores son aquellos protegidos por la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, un programa del ex presidente Barack Obama que permitió a los niños que fueron traídos a este país por padres inmigrantes ilegales la oportunidad de quedarse aquí legalmente. Trump lo terminó en 2017, dejando a sus beneficiarios en el limbo.

El TPS es un programa federal que durante décadas permitió que cientos de miles de inmigrantes de países que experimentaban desastres naturales u otras condiciones extraordinarias vivieran y trabajaran temporalmente en EEUU. Trump dejó de extender varios de estos programas cuando llegó a la Casa Blanca.

Los firmantes del acuerdo esperan alentar a otros líderes de la comunidad a firmarlo y convertirse en defensores de sus principios también. Trowbridge dijo que se siente optimista de que los funcionarios federales prestarán atención.

Por su parte, el alcalde de Doral, Juan Carlos Bermúdez, dijo que todos, sin importar el acuerdo, tienen la responsabilidad de instar a los representantes del Congreso a aprobar una reforma migratoria.

“Ha llegado el momento de la reforma migratoria”, dijo Bermúdez.



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