EEUU congela mansión vinculada al testaferro de los hijastros de Maduro en caso de “los Bolichicos”


Fiscales estadounidenses congelaron cientos de millones de dólares en propiedades de lujo y otros activos en el sur de Florida vinculados a una red de empresarios venezolanos y ex funcionarios del régimen de Nicolás Maduro acusados de lavar más de $1,200 millones.

Las propiedades congeladas incluyen una mansión vinculada al presunto testaferro de los hijastros del gobernante venezolano Nicolás Maduro.

Entre los activos identificados se encuentran al menos 17 viviendas, algunas de ellas suntuosas, así como fincas de caballos ubicadas en el estado. El valor total de las propiedades oscila entre los $22 millones y los $35 millones, según las valoraciones de propiedad que aparecen en los registros públicos y las estimaciones de precio realizadas por el mercado inmobiliario.

Las propiedades congeladas, que serían confiscadas si los acusados son declarados culpables, incluyen un apartamento en el lujoso edificio Porsche Design Tower de Sunny Isles, una residencia en Hibiscus Island con vista a la bahía de Biscayne Bay, cuatro casas en el exclusivo barrio de Cocoplum en Coral Gables, y dos fincas en la suntuosa comunidad ecuestre de Wellington, en el condado Palm Beach.

También bajo control federal se encuentran más de $45 millones que ya han sido confiscados por las autoridades estadounidenses el año pasado, junto con depósitos adicionales en el banco City National Bank de Nueva Jersey y otras instituciones financieras en las Bahamas, Inglaterra y Suiza.

Esta semana, la Oficina del Fiscal Federal presentó una moción para congelar los activos de nueve individuos acusados de conspirar para lavar dinero a través de transferencias a el Sur de Florida, el Caribe, Europa y América Central de fondos pertenecientes a la compañía petrolera estatal PDVSA que fueron obtenidos ilegítimamente.

Entre los a acusados se encuentran dos ex funcionarios de alto rango de PDVSA acusados de recibir sobornos como parte del supuesto plan masivo de lavado de dinero, se encuentran en Venezuela u otros países extranjeros.

Los implicados fueron acusados a finales de julio en una corte federal de Miami de formar parte de una gigantesca red de corrupción que lavó cerca de $1,200 millones obtenidos fraudulentamente a través de la estatal PDVSA y del régimen cambiario del país.

Los empresarios, algunos de los cuales son identificados en la acusación como “bolichicos” (hombres de negocio que se han enriquecido inmensamente gracias al chavismo), son acusados de aprovecharse del gigantesco diferencial entre la tasa de cambio oficial y la del mercado negro para amasar ganancias estimadas en varios cientos de millones de dólares.

El propio Maduro también está siendo investigado, junto con sus tres hijastros y un magnate de la red de televisión, Raúl Gorrín, quien también posee una casa en Cocoplum pero quien recientemente la puso en venta por $8 millones.

Hasta el momento las autoridades no han introducido acusaciones formales contra Maduro, los hijastros y Gorrín.

Según la acusación, los hijastros de Maduro, Gorrín y otros individuos obtuvieron cientos de millones de dólares pertenecientes a PDVSA que fueron transferidos a cuentas bancarias europeas registradas bajo otros nombres.

El miércoles se divulgó que unos $200 millones de los fondos petroleros del país se transfirieron a los hijastros del presidente en nombre de Mario Enrique Bonilla Vallera, un empresario venezolano que según las autoridades servía de testaferro.

Bonilla, quien fue agregado como acusado a la nueva acusación, también aparece como funcionario ejecutivo de tres de las compañías de Florida, cuya dirección está vinculada a una de las cuatro residencias en Cocoplum congeladas por las autoridades.

Maduro, sus hijastros y Gorrín, sin embargo, no fueron identificados en la audiencia o en los registros de casos.

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Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, junto a su esposa, Cilia Flores, durante un desfile militar por el Día de la Independencia en Caracas, el pasado 5 de julio de 2018.

Ariana Cubillos AP

Los activos congelados, incluyendo el apartamento en Porsche Design Tower, perteneciente al ex asesor legal de PDVSA Carmelo Urdaneta Aqui, generalmente están registrados bajo los nombres de otras personas o de compañías creadas para ocultar los activos de las personas investigadas, según los fiscales.

La jueza de distrito Kathleen Williams aprobó la moción prohibiendo la venta de los activos. Las autoridades federales sólo pueden apoderarse de las propiedades si obtienen sentencias condenatorias al final de los juicios o sí alcanzan acuerdos de culpabilidad con los acusados.

Solo dos de los nueve acusados hasta ahora están bajo custodia. El alemán Matthias Krull, quien residió en Panamá y también trabajó como banquero en Suiza, se declaró culpable el miércoles en la corte federal de Miami de conspirar para lavar dinero.

Krull, de 44 años, quien fue arrestado el mes pasado en el Aeropuerto Internacional de Miami y está detenido en el Centro de Detención Federal, admitió ante el tribunal que participó en actividades de lavado de dinero por un valor mínimo de $550 millones.

El alemán está cooperando con las Investigaciones de Seguridad Nacional y la Oficina del Fiscal de Estados Unidos, según su acuerdo de culpabilidad. Al declararse culpable, Krull enfrenta hasta 10 años de prisión en lugar de una posible condena de 20 años en virtud de una acusación formal contra los otros ocho acusados.

La audiencia de sentencia está fijada para el 29 de octubre bajo la conducción de la juez de Distrito Cecilia Altonaga.

El único otro acusado bajo custodia es el corredor de inversiones con sede en Miami, Gustavo Adolfo Hernández Frieri, quien fue arrestado el mes pasado en Italia y se enfrenta a extradición.

Hernández, de 45 años, colombiano naturalizado en Estados Unidos, está acusado de utilizar su firma financiera de Miami, Global Securities Advisors, y otra empresa, Global Strategic Investments, para lavar dinero con inversiones falsas de fondos mutuos.

Un investigador del departamento de Seguridad Nacional dijo en una declaración jurada que las dos compañías de corretaje con oficinas en 701 Brickell Avenue, están “afiliadas” y Hernández las utilizó para reuniones con miembros de la red de lavado de dinero.

Los representantes de Global Strategic Investments insisten en que Hernández no ha tenido participación en la empresa, que está dirigida por el hermano de Hernández, César.

La supuesta conspiración de lavado de dinero comenzó en diciembre de 2014 con un plan de cambio de moneda para malversar $600 millones de PDVSA obtenidos a través de sobornos y fraudes, dice la declaración jurada criminal.

Los acusados utilizaron un empresario, que luego se convertiría en una fuente confidencial para los federales, para lavar una parte de los fondos de PDVSA. Para mayo de 2015, la conspiración se había duplicado a $ 1,200 millones en fondos de PDVSA malversados.

A principios de 2016, el empresario se acercó a los investigadores de Seguridad Interna en Miami para cooperar y convertirse en una fuente confidencial, según la declaración jurada. La fuente acordó usar un dispositivo de registro para lavar $ 78 millones en fondos de PDVSA que había recibido de un contrato de préstamo con la compañía petrolera nacional.




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