Asamblea Nacional aprueba unificar servicios del Minsa y la CSS


Varios sectores del país representados en la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) solicitaron al presidente de la República, Laurentino Cortizo, el veto del proyecto de ley 311, que unifica los servicios de salud en Panamá.

El documento, ya aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional, crea un marco legal para que en todas las instalaciones de la red pública de salud se asegure el acceso a la atención, mediante un sistema de compensación entre la CSS y el Ministerio de Salud.

A juicio de Aida de Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la directiva de la CSS, de ninguna manera se puede endosar la responsabilidad del Estado al Seguro Social. “No se consideró a los asegurados y tampoco la situación financiera de la entidad. Yo espero que el Ejecutivo la vete”, acotó.

Esmeralda Buchanan, presidenta de la junta directiva de la CSS, subrayó que si bien el acceso a la salud debe ser universal, este proyecto de ley debió requerir más debate, y el tema de la compensación de costos ya está regulado por la Ley 51 de 2005.

Para el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, el debate sobre un sistema único de salud debe formar parte de un diálogo nacional. “Aunque comparta el principio filosófico de la ley, debemos tomar en cuenta la opinión de trabajadores, empleadores, personal de salud y el Ejecutivo”, remarcó.

Proyecto de ley 311 genera recelo en el Seguro Social

En la junta directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aún no salen del asombro sobre cómo se discutió y aprobó en la Asamblea Nacional el proyecto de ley 311, que crea un marco legal para que en todas las instalaciones de la red pública de salud se asegure el acceso a la atención, mediante un sistema de compensación entre la CSS y el Ministerio de Salud (Minsa).

“Nosotros no fuimos invitados al debate y creo que, como toda la ciudadanía, nos fuimos enterando de a poco cuando le dieron primer, segundo y tercer debate”, dijo Esmeralda Buchanan, presidenta de la junta directiva y representante de los profesionales y técnicos de la salud en la CSS.

Cronología y debate

Este proyecto de ley, aprobado en tercer debate hace cuatro días, fue propuesto el pasado 17 de marzo, a inicios de la pandemia por la Covid-19, por el diputado bocatoreño del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Abel Beker.

Lea aquí: El proyecto de ley 311

En la exposición de motivos, la cual consta de unos cuatro párrafos, el político oficialista apela a la Constitución de la República, la cual establece que es función del Estado velar por la salud de la población.

Además, plantea que la iniciativa legislativa es una política de salud pública que busca que todos los panameños, en especial aquella población que reside en áreas de difícil acceso y de bajos o nulos recursos económicos –como la del circuito 1-1, que él representa–, puedan tener acceso a los servicios de salud y medicamentos.

El primer debate del proyecto ocurrió en la Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Laboral, el 31 de agosto. Además de los diputados que integran la comisión, estuvieron presentes Cirilo Lawson, por el Minsa, y Rosilda Robinson, por la CSS.

En ese momento, Lawson manifestó no tener objeción en relación con este proyecto; sin embargo, estimó necesario que, en lugar de compensación de costos, se estableciera que sea a través de mecanismos de financiamiento debidamente acordados entre el Minsa y la CSS, y que estos sean formalizados jurídicamente.

En tanto, Robinson indicó que ya existe un marco regulatorio que abarca a la CSS y al Minsa, un convenio que data del año 1998. Además, dijo que la entidad cuenta con mecanismos internos para prestarle servicios a aquellos pacientes que no están amparados por el Seguro Social.

Aunque los diputados reconocieron que sí existe un convenio entre ambas entidades, también dijeron que no se está aplicando de manera efectiva, y que es una realidad que tanto mujeres embarazadas como personas enfermas no aseguradas, no tienen acceso a atención médica oportuna por falta de recursos.

Una vez manifestaron eso, aprobaron el proyecto de ley en primer debate. El segundo debate fue el lunes 12 de octubre y el tercero, al día siguiente.

El contenido

Además de establecer el acceso universal a la salud en los servicios de la red pública, el proyecto de ley indica en su artículo 5 que ambas entidades, CSS y Minsa, deben establecer una comisión mixta con competencia para conceptualizar este “sistema único funcional” y la manera en que participará cada uno de sus componentes por provincia, distrito y corregimiento.

Igualmente, señala que se deben adoptar sistemas de gestión de la atención homologados y capacitar al personal para su implementación en todos los establecimientos de la red pública de servicios de salud del país.

La norma también crea la “Cámara de Compensación de los Servicios de Salud”, que debe homologar y organizar la información correspondiente de la oficina de costos de la CSS y el Minsa.

En cuanto a los recursos que serán necesarios para implementar esta propuesta, la iniciativa no lo especifica. Menciona que los mecanismos de financiación existentes entre ambas entidades mantendrán su vigencia y serán perfeccionados hasta que se desarrollen y pongan en marcha nuevos mecanismos de efectividad comprobada.

Este jueves, la junta directiva de la CSS analizó el documento y pese a que consideran que nadie se puede oponer a que se brinde atención de salud a toda la población, el proyecto debió tener un debate más amplio.

Según la presidenta de la junta directiva, la Ley 51 de 2005, que es la ley orgánica de la CSS, establece mecanismos de compensación para evitar duplicidad de funciones.

Específicamente, el artículo 136 de la Ley 51 establece que “con el fin de evitar la duplicidad de servicios, costos innecesarios, carencia o insuficiencia de los servicios, la institución podrá establecer acuerdos de coordinación y reciprocidad de prestación de servicios con el sector salud del Estado, sin menoscabo de la autonomía económica, funcional y administrativa de la Caja de Seguro Social, y con la debida compensación de los costos de los servicios que se obtengan o brinden. De igual forma, podrá establecer acuerdos de prestación de servicios con el sector privado”.

Buchanan detalló que esta semana tuvieron una reunión con los funcionarios que representan a la CSS en la Asamblea. Los funcionarios citados manifestaron que advirtieron a los diputados que el contenido del proyecto de ley 311 ya era un tema regulado en la Ley 51.

“Con todo el respeto le hago un llamado al presidente de la República, Laurentino Cortizo, que por favor haga su análisis y se asesore con las personas más idóneas”, concluyó.

Aida de Maduro, representante del Consejo Nacional de la Empresa Privada en la junta directiva de la CSS, remarcó que en esta discusión no se valoró la situación financiera de la institución.

A juicio de la empresaria, no se puede transferir la responsabilidad del Estado al Seguro Social, que ya atiende al 80% de la población del país, lo que representa unas 3.5 millones de personas.

“Para esta ley no se tomó en cuenta a ningún miembro de la junta directiva de la CSS. Yo espero que el Ejecutivo vete esta ley”, adujo Maduro.

En la misma línea se manifestó Rafael Chavarría, dirigente del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, quien también tiene representación en la CSS, al señalar que el Seguro Social no pertenece a los diputados.

En palabras del dirigente sindical, los diputados son unos “irresponsables” al aprobar algo como esto. “Todos merecen una salud digna, pero estas no son las formas para alcanzar tal fin”, alegó.

El diálogo

De acuerdo con el director de la CSS, Enrique Lau Cortés, la unificación del sistema de salud es un tema que debe ser incorporado al gran diálogo nacional que posiblemente convocará en noviembre el presidente Cortizo, y no a través de este proyecto de ley.

Lau explicó que aún cuando comparte el principio filosófico de esta propuesta legislativa, considera que está a destiempo, requiere más diálogo y debió tomar en cuenta la voz de los grupos de interés: trabajadores, personal de salud, empleadores y ejecutivo, entre otros.

“Nosotros, en estos momentos, estudiamos el proyecto de ley, para enviar nuestra opinión al presidente de la República”, expresó.

Se consultó a la diputada Ana Giselle Rosas, de Cambio Democrático y miembro de la comisión legislativa que aprobó la propuesta en primer debate, quien subrayó que el proyecto pretende “regular” la compensación por la prestación del servicio entre la CSS y el Minsa.

A juicio de Rosas, se trata de un proyecto “positivo”, ya que en su circuito 4-6, en Chiriquí, específicamente en los distritos de Remedios, Tolé, San Félix y San Lorenzo, no tienen instalaciones de la CSS para los asegurados.

“Estos asegurados no reciben el servicio por el que pagan. Lo que se busca es garantizar la prestación de salud a todo el que lo necesita, sea asegurado o no”, aseguró la diputada.



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