Juez podría prohibir separación de familias migrantes


Un juez federal formuló el viernes preguntas incisivas al gobierno del presidente Donald Trump y a un grupo activista sobre una propuesta para prohibir que las autoridades migratorias estadounidenses separen a los padres de sus hijos en las fronteras.

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) presentó la demanda a nombre de una congoleña que fue separada de su hija de 7 años durante cinco meses después de solicitar asilo en un cruce fronterizo de San Diego y de una brasileña que buscaba asilo y que fue separada de su hijo de 14 años desde su arresto por ingresar a Estados Unidos sin autorización en agosto cerca del cruce fronterizo de Santa Teresa, entre Texas y Nuevo México.

La ACLU ha pedido un interdicto preliminar para prohibir la separación de familias a menos que los padres sean considerados no aptos o representen un peligro para los menores. El juez federal de distrito Dana Sabraw concluyó una audiencia de casi dos horas señalando que llegaría a un fallo en una fecha posterior.

Dejando clara la amplia discrecionalidad del gobierno federal en la ejecución de las leyes de inmigración, Sabraw preguntó por qué debería emitir un mandato que exigiría que las familias fueran detenidas juntas o ser liberadas bajo palabra.

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“¿Cómo podría la corte emitir una orden tan universal y extensa?“, preguntó a Lee Gelernt, un abogado de la ACLU.

El juez, nombrado por el entonces presidente George W. Bush en 2003, también presionó a la abogada del gobierno para que explicara la manera en que esa norma respeta los derechos constitucionales al debido proceso y a una ley de 2008 que exige que las acciones del gobierno sean siempre en beneficio de los niños no acompañados por adultos.

Con mayor frecuencia, quienes son detenidos en la frontera son personas que buscan asilo y que llegan en familia o son menores de edad que viajan sin la compañía de adultos. La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, testificó ante el Congreso la semana pasada que el gobierno no tiene la política de separar a los padres de sus hijos como una medida punitiva o disuasoria, pero que la situación ocurre cuando existen dudas sobre si el adulto podría ser el padre o cuando el menor pudiera estar en peligro.

Cuando el juez preguntó a la abogada del gobierno cuántos niños habían sido separados, Sarah Fabian no puso en duda un artículo publicado el mes pasado por el diario The New York Times que señalaba que fueron cerca de 700, entre ellos más de 100 niños menores de 4 años.

Pero agregó que no sabría decir si la cifra representa un cambio durante este gobierno, porque no existen registros.




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