Crystallex sigue sin recibir pagos de Venezuela


La transnacional canadiense Crystallex no habra recibido los pagos adeudados por Venezuela que fueron acordados en un cronograma de 3 aos establecido por las parte para pagar las obligaciones generadas por la expropiacin de los activos de la corporacin durante el gobierno del fallecido Hugo Chvez. Crystallex y Venezuela hicieron un acuerdo en base a pagos con montos fijados entre las partes.

As, el pas sudamericano deba haber cancelado a la minera $25 millones en noviembre de 2017, $15 millones en diciembre de 2017 y en enero de 2018 otros $10 millones.

Hasta el 4 de enero de 2018 los pagos no haban sido reportados asegur una fuente ligada al caso.

Siguen a la espera

De acuerdo a declaraciones pblicas del CEO de la transnacional canadiense, CEO Robert Fung no se recibieron los pagos previsto para las primeras fechas fijadas en el acuerdo de solucin del conflicto.

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La declaracin de Fung fue hecha durante una audiencia en la corte de bancarrota de Toronto el 20 de diciembre de 2017. El ejecutivo dijo en ese entonces que no haban recibido el primer pago pero que les haban avisado que los desembolsos se haban iniciado desde Venezuela y que por lo general se toman 3 4 semanas. El acuerdo tiene 30 das de perodo de gracia. Los pagos no se concretaron en diciembre de 2017 y en lo que va del mes de enero de 2018.

Desestimada demanda

Un tribunal de apelaciones de Estados Unidos desestim el 3 de enero de 2018 la demanda presentada por la minera canadiense Crystallex contra PDVSA de Venezuela, que buscaba tomar el control de Citgo,como parte de una larga disputa sobre la nacionalizacin de los activos de la compaa en 2008 por la nacin sudamericana.

Contrario a las esperanzas de Crystallex, el tribunal esta vez se puso del lado de los abogados venezolanos, que argumentaron que PDVSA y Citgo son entidades separadas del pas, que fue el demandado en la demanda original.

Crystallex International Corp est tratando de recaudar $ 1,2 mil millones ms intereses otorgados en 2016 por un tribunal del Banco Mundial contra

Venezuela, que el gobierno de ese pas se se ha negado a pagar.

La compaa ha argumentado que las operaciones financieras de Citgo en 2015 y 2016, incluidas las emisiones de bonos y los pagos de dividendos, fueron “transferencias fraudulentas” para evitar que Crystallex recaude el premio.

La 3 Corte de Apelaciones del Circuito de los EE.UU. acept la solicitud del demandado para desestimar la demanda porque la accin legal original de Crystallex es contra Venezuela en lugar de Citgo, que es propiedad de la petrolera estatal venezolana PDVSA.

La aspiracin de la empresa canadiense Crystallex de cobrar el dinero que le adeuda Venezuela desde el momento en que el fallecido presidente, Hugo Chvez, expropiara la mina “Las Cristinas” en el ao 2002, al parecer continuara siendo eso: una aspiracin, toda vez que la batalla que desde entonces mantiene a travs de diversos flancos para lograr el resarcimiento luego de haber sido despojada de sus activos en el pas suramericano amenaza con no llegar a una resolucin, por lo menos, en el tiempo prximo.

El tribunal dictamin que a PDV Holding Inc. (Citgo) no le corresponda ser el blanco de la demanda, en virtud de que el laudo de arbitraje que mantiene la empresa es contra Venezuela y no contra una empresa filial de la estatal venezolana. Crystallex acus que entre 2015 y 2016 se llevaron a cabo varias operaciones financieras de Citgo que no eran otra cosa que “transferencias fraudulentas” dirigidas a evitar que el Estado venezolano pagara la deuda que mantiene con la empresa. Venezuela se defendi con el argumento de la demanda deba ser desestimada, toda vez que la filial petrolera ?Citgo? no es el objeto de la accin legal emprendida por la minera.

De esta forma, la compaa canadiense productora de oro continuar sin cobrar, por ahora, dadas las maniobras emprendidas por el gobierno encabezado por Nicols Maduro ?sumergido en una cruda crisis e insolvente? pese a que un arbitraje internacional determin que la administracin venezolana deba cancelarle a Crystallex una indemnizacin por el despojo del que fue vctima.

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Una de las acciones que Crystallex adelantaba apuntaba a embargar las acciones de PDVSA en PDV Holding Inc, la matriz incorporada de Citgo en Delaware. Pero tal como se ha informado anteriormente, la empresa canadiense ha emprendido su batalla desde varios flancos, siendo este un caso que se inici en noviembre de 2015 ?antes, incluso, de ganar el citado arbitraje en el CIADI por 1,5 mil millones de dlares.

Acciones legales para cobrar

Entre las acciones legales del caso Crystallex destaca una presentada por la transnacional canadiense el 19 de junio de 2017 en el Tribunal Federal de EE. UU. en Delaware con miras a apoderarse de Citgo, argumentando que esa corporacin pertenece a Venezuela (legalmente PDV Holding) con el objeto de poder resarcirse por el dao de que fue objeto con la expropiacin. El 21 de diciembre de 2017, el Juez Principal de la Corte Federal,Leonard PhilipStark escuch la exposicin de reclamo de Crystallex, al haber Venezuela incumplido con el pago de 25 millones de dlares establecido un acuerdo al que las partes haban llegado por iniciativa venezolana.

La decisin sobre esta peticin en particular del Tribunal de Apelaciones del Tercer Circuito, alcanzada con dos votos en contra y uno a favor, estableci que el deudor de Crystallex es la Repblica de Venezuela y no Citgo ni PDV Holding, de acuerdo a los trminos del estatuto de Transferencia fraudulenta.

La jueza Marjorie OsterlundRendell, de la Corte de Apelaciones, dijo que “a primera vista, este caso parece sumamente complejo, con su enredo de deudores, acreedores, subsidiarias, alter egos y transacciones corporativas internacionales complejas (…) Pero cuando uno atraviesa este pantano, la pregunta en el centro de este caso es bastante simple: puede una transferencia por parte de un no deudor ser considerada una ‘transferencia fraudulenta’ segn la Ley de transferencia fraudulenta de Delaware (DUFTA)?”.

Y agreg: “Estamos obligados a concluir que una transferencia por parte de un no deudor no puede ser una ‘transferencia fraudulenta’ en virtud del DUFTA“, concluy el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Tercer Circuito, pero amonest el comportamiento de Venezuela al considerar que “si bien no condonamos las acciones del deudor y del cedente, debemos concluir que Crystallex no ha declarado un reclamo bajo el DUFTA“.

En conclusin, para el tribunal Crystallex tena una querella por 1.4 mil millones de dlares contra Venezuela y no contra PDVSA o PDV Holding, lo cuales no pueden tenerse por deudores en el sentido de la ley y, por ello, podan transferir libremente los fondos sin violar el estatuto de ‘transferencia fraudulenta'”.

Cabe destacar que Crystallex no es la nica que mantiene este tipo de litigio por transferencia fraudulenta con PDVSA, sino que este tambin el caso de ConocoPhillips, por lo que una decisin de uno o de otro sentara jurisprudencia para otras decisiones.

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Ahora bien, si la nueva estrategia de PDVSA es no pagar por un viraje en torno a lo establecido en el acuerdo, la nueva decisin del Tribunal slo servira para imprimirle bros a Venezuela en su negativa a cancelar sus obligaciones.

Acuerdo violado

En la cruenta batalla legal y por todos los frentes, sostenida entre la empresa canadiense y Venezuela, esta ltima haba propuesto un acuerdo secreto segn el cual Crystallex International y el gobierno de Venezuela resolveran la disputa de 1.2 mil millones de dlares generados por la nacionalizacin de los activos de la empresa en Venezuela.

Tal acuerdo adoptado el 15 de noviembre de 2017 ?que deba permanecer sellado? haba sido aprobado por el juez de la Corte Superior de Ontario, Toronto, Glenn Hainey. Un pacto al que habran llegado luego de largos meses de negociaciones que terminaron el 20 de noviembre, cuando el director de Crystallex, Harry Near, hizo acuse de recibo de la versin oficial firmada y sellada del Acuerdo.

En este entonces, el directivo de Crystallex manifest su beneplcito en vista de que “la cantidad de recuperacin” que la empresa obtendra en el acuerdo de conciliacin era “extraordinaria en comparacin con el monto de la compensacin”.

Posteriormente, el monitor designado por el tribunal, Ernst & Young, dio a conocer algunos detalles del acuerdo que estableca que Venezuela debera pagar aproximadamente 440 millones de dlares hasta el final de 2020, lmite ordenado por el Tribunal acerca de lo que este podra revelar. “De conformidad con la orden suplementaria, este informe suplementario del supervisor solo proporciona la divulgacin de pagos en virtud del Acuerdo de conciliacin hasta el final de 2020. Hay cantidades pagaderas al solicitante de conformidad con el Acuerdo de conciliacin despus de 2020”, inform el monitor.

Se deca que el gobierno de Venezuela pagara a Crystallex una cantidad de la compensacin ms intereses. Se tratara de un pago inicial seguido de cuotas mensuales, para despus pagar unas cuotas anuales hasta cubrir la deuda. Sin embargo, las fechas exactas de los pagos eran parte del secreto. Crystallex, por su parte, deba suspender todas las acciones y procedimientos legales emprendidos para hacer cumplir el Laudo.

El calendario de pagos descrito hasta 2020, refera que Venezuela deba pagar 25 millones de dlares en noviembre pasado y 15 millones en diciembre, mientras que en enero el pago deba ser de 10 millones de dlares.

“Crystallex an no ha recibido el primer pago segn el Acuerdo conciliatorio, pero se le inform que el pago inicial fue iniciado por Venezuela”, dijo el gerente general de Crystallex, Robert Fung, a travs de un Aviso de mocin que se conoci el 19 de diciembre de 2017 en el tribunal de quiebras de Toronto reseado por Latin American Herald Tribuna. “Las complejidades de la ruta para tales pagos pueden resultar en que los pagos de Venezuela a menudo tarden de 3 a 4 semanas en recibirse desde el inicio, y el

Acuerdo de conciliacin contiene un perodo de curacin de 30 das para que Venezuela solucione cualquier incumplimiento de los pagos programados. Actualmente espera que reciba todos los fondos de la primera cuota dentro del perodo de recuperacin previsto en el Acuerdo de conciliacin”.

All se indic que Venezuela comenzara a hacer “pagos mensuales iguales” que sumaban 262 millones 500 mil dlares para el perodo comprendido entre el 28 de febrero de 2018 y el 31 de diciembre de 2020″.

De igual forma, Venezuela realizara “cinco pagos adicionales semestrales que comienzan el 31 de julio de 2018, con el primer pago de aproximadamente $ 28,100,000, y cada pago subsecuente se reducir en aproximadamente $ 1,200,000”. De este modo,

Crystallex recibira unos 441 millones de dlares hasta fines de 2020. Luego de que Venezuela pagara la ltima cuota, la empresa canadiense suspendera o concluira todas las acciones y procedimientos legales dirigidas a obtener la compensacin.

“Si Venezuela incumple cualquiera de sus obligaciones de pago en virtud del Acuerdo de conciliacin, Crystallex tendr derecho a reiniciar todas sus actividades de cumplimiento suspendidas por el acuerdo, as como perseguir e iniciar nuevos esfuerzos de cumplimiento y recaudacin”, dijo Near.

Venezuela deba cumplir al pie de la letra lo acordado, pues de no hacerlo Crystallex recuperara sus derechos y podra reiniciar todas las acciones legales suspendidas. Esto parecer ser lo ocurrido, por lo que solamente se esperan las acciones que el consorcio canadiense llevar a cabo.

Piden quitar sellos del acuerdo

Entretanto, el portal digital Latin American Herald Tribune solicit a la Corte del Distrito de Delaware quitar los sellos del acuerdo suscrito entre Crytallex y Venezuela y hacer pblicos los trminos del mismo.

El medio de comunicacin le pidi al juez Leonard P. Stark, eliminar el secreto en razn de que se trata de un contrato de inters pblico. Crystallex dijo que esto no es posible pues la confidencialidad es una condicin exigida por el gobierno de Venezuela.

Latin American Herald Tribune ?medio que ha hecho una cobertura completa de las demandas de Crystallex en los tribunales de los Estados Unidos y Canad? le manifest al magistrado su preocupacin por el hecho de que en fecha 1 de diciembre, la representacin legal de minera canadiense present un documento sellado al Tribunal de Distrito Federal de Delaware en el que violaba las reglas locales para el sellado al no contar con la autoridad para emprender dicha accin judicial bajo sello. En tal sentido record que la “autoridad para presentar un documento sellado debe ser proporcionada por una orden de proteccin u otra orden de la Corte” y que “una versin redactada de este documento sellado debe ser archivada electrnicamente en 7 das”.

Igualmente, el editor advirti que luego de entregada la carta el 1 de diciembre deba presentarse una versin redactada como lo reza la ley, lo cual transcurridos once das no haba ocurrido. Tampoco se sabe de ninguna orden de la corte u orden de proteccin que permita la presentacin de documentos sellados en este caso.

El portal reclama que el pblico tiene derecho, tanto bajo el derecho consuetudinario como por la Primera Enmienda de la constitucin, de poder observar los procedimientos judiciales y revisar los registros judiciales en casos civiles.

De este modo exigieron que el documento #40 del expediente de Crystallex se abra al pblico, toda vez que dicho acuerdo no cuenta con una orden de proteccin u otra orden del tribunal para que el documento se mantenga bajo sello.

Segn el portal, el caso de Crystallex tiene consecuencias para el pblico de los EE. UU., Canad y Venezuela, as como para accionistas de la bolsa de valores de Estados Unidos, por lo que deben hacerse pblicos sus trminos.

Por otra parte, alerta que el acuerdo podra contravenir las sanciones que el gobierno estadounidense que prohben entablar negociaciones comerciales con ciertos funcionarios venezolanos.

Latin American Herald Tribune inform en noviembre de 2017 la noticia del acuerdo a que haban llegado las partes, pero por una solicitud para aplazar una audiencia en la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos, Venezuela revel que haba cumplido con el pago de los 40 millones de dlares de pago inicial establecidos en el acuerdo y que debieron producirse el 30 de noviembre y el 30 de diciembre.

“El hecho de que Crystallex haya estado de acuerdo con el aplazamiento de la audiencia durante al menos seis meses sugiere que deben haber tenido una garanta demostrada de que los pagos iniciales por un total de $40 millones estaban en camino”, dijo Russ Dallen editor de Latin American Herald Tribune y agreg que este hecho “posiblemente podra explicar la cada de $44 millones en las reservas de Venezuela que vimos el 26 de diciembre”.

Para Venezuela la confidencialidad es un asunto estratgico, dado que an tiene que abordar varios casos con otros acreedores a quienes adeuda cientos de miles de millones de dlares.

Estrategia legal de Crystallex

Desde que tuvo lugar la expropiacin de los activos de Crystallex en Venezuela, la empresa asumi una agresiva poltica y estrategia legal contra el gobierno venezolano para reclamar sus acreencias.

En fecha 9 de junio de 2017, el Tribunal Federal de Distrito de Washington DC que confirm y registr el laudo de arbitraje de $ 1.4 mil millones en contra de Venezuela, luego de haber dado tiempo suficiente a Venezuela para apelar, pagar la sentencia o pagar una fianza, dictamin que Crystallex estaba calificada para iniciar acciones en procura de hacer cumplir su sentencia y apoderarse de los activos de Venezuela.

Despus, el 9 de agosto, dicho el Tribunal Federal neg la solicitud de Venezuela para suspender la ejecucin de la ley pendiente de apelacin ante el Tribunal de Apelaciones de los EE. UU.

Posteriormente, el 25 de marzo de 2017, el Tribunal Federal de Washington confirm y registr la adjudicacin de 1 mil 400 millones de dlares en contra de Venezuela. “Debido a que ninguno de los argumentos de Venezuela es suficiente para anular o modificar el laudo de la Convencin de Nueva York, la Corte concede la peticin de Crystallex para confirmar el laudo y niega la mocin de desalojo de Venezuela”, concluy el juez del citado tribunal, Rudolph

Contreras, al desestimar las objeciones de Venezuela. El consorcio Crystallex quiso ampliar sus acciones contra Venezuela y por ello introdujo una demanda colectiva contra Petrleos de Venezuela, S.A., PDV Holding y sus filiales y subsidiarias Glas Americas, LLC y Rosneft Trading S.A., ante la Corte del Distrito de Delaware, donde acus a la petrolera de realizar un conjunto de transacciones fraudulentas y movimientos accionarios de Citgo destinados a evitar que se hiciera efectivo el cobro de la deuda de PDVSA con la empresa canadiense.

Crystallex sostuvo que es uno de los acreedores de las empresas estatales venezolanas y advirti que sus acciones legales proseguiran en los Estados Unidos hasta lograr cobrar las deudas.

Pero, adems, Crystallex demand a PDVSA, PDV Holding y Citgo en la Corte de Delaware por la “transferencia fraudulenta” de miles de millones de dlares de activos de Citgo fuera del territorio de los Estados Unidos. De esta manera, ahora tambin la rusa Rosneft fue acusada en la demanda en virtud de que una investigacin del Latin American Herald Tribune puso al descubierto que Venezuela haba hipotecado el 49.9 por ciento de Citgo a Rosneft a cambio de un prstamo de 1,5 mil millones de dlares.

La victoria inicial

En la razn de la negativa de Venezuela de resarcir a Crystallex luego de la expropiacin de sus activos en el pas suramericano, la empresa present el 16 de febrero de 2011 un arbitraje ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial.

El consorcio argument para su accin que Venezuela haba violado un Tratado suscrito con Canad para la “Promocin y Proteccin de Inversiones”.

Para abril de 2014, el CIADI sentenci en favor de minera Crystallex y determin que Venezuela deba pagar 1.202 millones de dlares ms intereses, dado el trato injusto e inequitativo de Venezuela y por la expropiacin ilegal de la inversin de Crystallex en el proyecto Las Cristinas.

El tribunal determin que Venezuela haba violado los artculos II (2) y VII (1) del Tratado al no otorgar a las inversiones de Crystallex en Venezuela un trato justo y equitativo y al expropiar ilegalmente esas inversiones. El CIADI orden a Venezuela pagar 1.386 millones de dlares por daos, calculados sobre la inversin de Crystallex en Las Cristinas de 1.202 millones dlares el 13 de abril de 2008 cuando Venezuela le neg el permiso ambiental.

Se determin que Venezuela “frustr las expectativas legtimas de Crystallex (…) se involucr en una conducta arbitraria al denegar el permiso y rescindir el [Contrato que haba firmado con Crystallex], y cometi varios actos carentes detransparencia y consistencia”.

Por todos los flanco

Desde el momento de la expropiacin Crystallex tom la decisin de atacar por todos los flancos a Venezuela. El objetivo era uno solo: lograr que el pas suramericano le resarciera los daos sufridos al ser despojada de sus activos en Las Cristinas. El consorcio canadiense estaba dispuesto a obtener a como diera lugar su inversin en suelo venezolano.

Por ejemplo, en agosto de 2017, Crystallex logr que la Corte del Distrito Sur de Nueva York sentenciara en su favor cuando aprob el embargo de unos mil 202 millones de dlares que la Repblica Bolivariana de Venezuela tiene depositados en la cuenta 304314 en el Banco Nueva York Mellow. Estos fondos los tena destinados Venezuela para la repotenciacin de unos buques del Ministerio de la Defensa por parte de la empresa Northrup Grumman Ship Sys., Inc.

El juez Colleen McMahon orden a la oficina de Alguaciles autorizar la ejecucin del mandato de la corte y tomar posesin del capital y los bienes muebles de Venezuela y sus rganos o subdivisiones que incluyen a los Ministerios de Defensa y Finanzas.

La decisin prevea que de no hallar suficientes bienes venezolanos que embargar en Nueva York, Crystallexpoda procurar otros activos del pas deudor que pudieran ser embargables. La aspiracin de la minera era apoderarse de los bienes del Estado venezolano utilizados con fines comerciales en los Estados Unidos y en poder del Banco de Nueva York Mellon.

Antes de eso, el 30 de junio, Crystallex haba solicitado a la corte su autorizacin para emitir avisos de restriccin dirigidos a activos comerciales venezolanos en posesin de Nomura Bank International PLC y Nomura Securities, Inc. en los Estados Unidos.

Una accin similar la present el 5 de julio con la intencin de emitir avisos de restriccin dirigidos a los activos comerciales venezolanos en posesin de Haitong International Securities (USA) Inc. y Haitong Securities USA LLC.

Eso s, para evitar que el gobierno venezolano transfiriera o retirara por otras vas sus fondos y bienes en Nueva York y de los Estados Unidos, la empresa canadiense pidi al tribunal realizar el procedimiento sin participar al deudor previamente a la orden de embargo.

Pero Crystallex no pudo confiscar los fondos venezolanos en el Mellon Corp, dado que estos estaban protegidos.

El dinero, depositado en el banco desde 1992 para pagar un contrato de 315 millones de dlares que mantena con la empresa Ingalls Ship building, es ahora parte del consorcio Ingalls Industries Inc, por concepto de mantenimiento y reparacin de fragatas navales.

Ingalls tambin demand a Venezuela en un tribunal en Mississippi y en 2002 obtuvo una orden judicial evitar que Banco de Nueva York transfiriera los fondos de vuelta a Venezuela, razn por la cual Crystallex y pidi a un Tribunal de Primera Instancia determinar si haba transcurrido un plazo razonable desde el pronunciamiento judicial para que la empresa canadiense ejecutara el fallo y se le permitiera registrar la sentencia en otros distritos judiciales de los Estados Unidos. La Corte Suprema de Justicia acept la mocin de Crystallex en su totalidad el 9 de junio de 2017 y por ello registr la sentencia en Nueva York el 15 de junio 2017.

Para el 8 de agosto de 2017, la Corte Suprema de Justicia neg a Venezuela una solicitud contra la sentencia a favor de Crystallex, lo cual facilitaba la ejecucin de la orden de confiscar los fondos colocados por Venezuela en el del Banco de Nueva York Mellon y que pertenecan al Ministerio de Defensa venezolano e Ingalls Shipbuilding, Inc., ahora Huntington Ingalls Industries.

Por su parte, Venezuela aleg que la cuenta bancaria en referencia se encuentra sujeta al control del estado venezolano, por lo que los pagos hechos a travs de dicha cuenta solo pueden hacerse con la aprobacin de la Repblica, segn un acuerdo firmado por entre el gobierno venezolano y el banco. Los estatutos de la cuenta establecen que Venezuela es el nico beneficiario de los fondos y existe expresamente una renuncia a la existencia de terceros beneficiarios.

Para el gobierno venezolano, existe una diferenciacin entre la Repblica de Venezuela y el Ministerio de la Defensa, algo que Crystallex niega con el alegato de que la Repblica es un todo y como tal debe tenerse. La minera asegura que los fondos son propiedad exclusiva del deudor que, en este caso, es el Estado venezolano y que la cuenta se cre con un propsito comercial.

Visto los acontecimientos, es de prever que an sea mucho el camino por recorrer en esta contienda de Crystallex y el estado venezolano.

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